De acuerdo con la ley Nº20.129, de 2006, que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; la ley Nº21.091, de 2018, sobre Educación Superior; la ley Nº21.186, de 2019, que modifica normas del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior contenidas en la ley Nº21.091 y en la ley Nº20.129; la ley Nº19.880, de 2003, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la resolución exenta DJ Nº009-4, de 13 de octubre de 2014, que aprueba el Reglamento para el Desarrollo de los Procesos de Acreditación Institucional, y sus posteriores modificaciones; las sesiones ordinarias Nº 1461, de 3 de octubre, 1489, de 13 de noviembre, 1496, de 20 de noviembre, 1506, de 28 de noviembre, y 1513, de 4 de diciembre, todas de 2019; y, las resoluciones Nº 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, se establece que la acreditación institucional será obligatoria para las instituciones de educación superior autónomas. La acreditación tiene por objeto fomentar y dar garantía pública de la calidad de las instituciones de educación superior autónomas, programas de pregrado y programas de postgrado que ellas imparten, verificar la sustentabilidad económica para asegurar la estabilidad y viabilidad institucional, a través de ejercicios sistemáticos de evaluación.
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